Artículo 1
por Rodolfo Chisleanschi, editado por Tony Salgado
Abril, 2024
"El nuevo gobierno argentino niega la responsabilidad humana en el cambio climático, habla de privatizar los ríos o el mar y de acentuar la extracción de recursos naturales para recaudar divisas.
El primer megaproyecto de ley incluye propuestas que pueden favorecer la deforestación, la explotación minera en zonas glaciares, la quema descontrolada, la pesca de barcos extranjeros en el mar Argentino y la emisión de gases de efecto invernadero.
El porcentaje de áreas protegidas está lejos de los objetivos deseados. La mirada del presidente electo es contraria al reclamo científico de extenderlos y conectarlos a través de corredores biológicos.
El acceso de Milei ha encendido todas las alarmas entre quienes sostienen la necesidad de priorizar una agenda ambiental que hasta ahora siempre ocupó un segundo plano para la política, la economía y la sociedad en su conjunto.
La “Ley ómnibús” pone el acento en varias cuestiones ambientales. Por ejemplo, modifica la Ley de Bosques, reduciendo su financiación, lo cual desincentivará la conservación de bosques nativos a quienes los posean; y peor aún, habilita la deforestación de dichos bosques, incluso los que tienen el más alto nivel de protección. Una carta de más de cien organizaciones sociales y dirigida a los diputados del Congreso Nacional estima que su aprobación “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos” y dejaría desprotegidos al 80 % de los que aún existen en el país. Argentina pierde una hectárea de bosques cada 2 minutos, equivalente a 30 canchas de fútbol por hora.
En otros artículos, el proyecto gubernamental modifica la Ley de Glaciares, habilitando la actividad productiva en las áreas periglaciares, “un reclamo histórico del sector minero” que, de concretarse, constituirá una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en acuerdos internacionales.
La propuesta incluye permitir la quema de campos de manera tácita, sin necesidad de aprobación previa de las autoridades (recordemos que en los últimos años, los incendios sin control devastaron cientos de miles de hectáreas en el país); y crea un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuyo monitoreo discrecional estaría a cargo del propio gobierno.
El proyecto también pretende abrir la pesca en la Zona Exclusiva Económica del Mar Argentina a los barcos extranjeros, quitando la exigencia de desembarcar las capturas en un puerto del país. La protesta de los gobernadores de las provincias implicadas ha logrado, en principio, que el gobierno contemple negociar y discutir estas reformas.
En el mismo sentido, entendemos que será imprescindible “mostrar la relación que existe entre el ambiente y una cantidad de otros derechos que hacen al bienestar, como la salud, la vivienda, la cultura o el modo de vida”. Los efectos de los tres años casi sin lluvias que dejó el fenómeno de La Niña es una herramienta para trasladar un mensaje coincidente: “Hay que vincular muchísimo más la crisis climática a las problemáticas sociales y económicas. Que se vea cómo una sequía pone en jaque la producción y las exportaciones, o cómo las olas de calor y las inundaciones afectan la calidad de vida”.
La combinación de crisis económico-financiera con la disponibilidad de materias primas que demanda el mercado internacional —litio, gas, cobre, minerales raros…— añade otra dificultad a la posición ambientalista. El riesgo de que se erosionen los estándares de participación ciudadana y discusión democrática de los proyectos extractivos es alto. Los procesos se van a apurar y se harán menos transparentes. En ese punto puede preverse que habrá conflictos.
El incremento de concesiones para la extracción de litio en los salares del Altiplano conforman, tal vez, la amenaza más evidente de puesta en marcha de proyectos industriales aprobados sin que se cumplan de manera estricta dichas pautas legales de participación de las comunidades locales.
El esfuerzo para que el Parlamento promueva leyes que se consideran imprescindibles, como la de humedales, que volvió a perder carácter parlamentario al no ser tratada durante 2023, completa el reto que tienen ante sí las organizaciones ambientales en la nueva etapa que inaugura el país.
En los últimos años, y por primera vez en la historia, la creación de áreas protegidas recibió votos en contra en el Congreso Nacional. Quienes dijeron que no fueron los entonces diputados Javier Milei y Victoria Villarruel. Su posición ideológica respecto a este tema se basa en la nula intervención del Estado y la absoluta libertad de los propietarios de las tierras para convertirlas en un bien productivo y rentable.
Partiendo desde esa premisa, todo indica que el objetivo de continuar ampliando las superficies con alguna figura de protección hasta alcanzar el 30 % del territorio continental, se encontrará con más obstáculos que nunca.
Sin embargo, todos los sectores de la economía local enfatizan la importancia de apostar por la extracción de gas y petróleo. No hay transición posible en la Argentina sin explotar antes sus reservas de hidrocarburos. De hecho, las prospecciones sísmicas y la primera perforación en busca de petróleo que se vienen realizando sobre el talud continental del Mar Argentino, a 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires; y el proyecto de construcción de un puerto petrolero sobre el golfo San Matías, en la Patagonia norte, son muestras evidentes de que el país no brindará su apoyo a la idea de limitar cada vez más la extracción de hidrocarburos.
Por otro lado, el peso que la agricultura posee en la economía argentina es enorme: en 2022 y aun pese a la sequía, tres de cada cinco dólares exportados por el país fueron producidos por las cadenas agroalimentarias. Una trascendencia histórica que se multiplicó con la llegada de las semillas transgénicas en los años noventa, la irrupción de China en el comercio internacional y el “boom” en los precios de productos como la soja o el maíz.
Este cóctel transformó por completo la forma de trabajar el campo y la vida rural, aunque en materia ambiental provocó los mayores desequilibrios. La expansión de la frontera productiva, una deforestación que aún no ha terminado, la “invasión” de los agroquímicos contaminantes del agua y el aire, y la degradación de los suelos como resumen de todo lo anterior.
La tierra mantiene la abismal asimetría del pasado. Peor aún, los nuevos métodos ampliaron las diferencias entre grandes y pequeños productores. Las explotaciones de menos de 500 hectáreas (80 % de las existentes), ocupan el 11 % de la tierra cultivada; mientras que las de más de 10 000 hectáreas (1 % del total) abarcan un 40 % del territorio.
La agroecología y su pariente cercana, la agricultura familiar, han sido en los últimos años la respuesta de los campesinos más humildes a la nueva realidad. La dirigencia política debería ver el campo no solo en función de la exportación y la acumulación de divisas, sino también desde su función primaria, que es la producción de alimentos para la población.
Los expertos y técnicos sitúan a la agroecología como un factor vital en la recuperación ambiental del planeta. Una mayor expansión a corto plazo en Argentina dependerá en buena medida de la política que adopten al respecto las nuevas autoridades. Su concepción ideológica y sus declaraciones previas no invitan al optimismo, aunque habrá que esperar para sacar conclusiones definitivas. La calidad alimentaria y la salud del aire, el agua, los suelos y de todas las especies —incluida la humana— que habitan los campos del país están en juego".
Artículo 2
Prensa Argentina, editado por Tony Salgado
Abril 2024
"La organización ecologista Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental, económico y en las comunidades del desmonte, que en 2023 llevaron a la pérdida de un 6,2% más de hectáreas en el norte del país, con respecto al año anterior.
Pese al consenso científico internacional sobre la crisis climática y la importancia de proteger la biodiversidad, las políticas de protección de ecosistemas claves como los bosques nativos resultan insuficientes ante el avance de una situación de degradación ambiental que alcanzó el estatus sostenido de emergencia.
El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2009 para sensibilizar y alertar sobre la importancia del cuidado del medioambiente. En ese marco es que Greenpeace, organización ecologista, alerta nuevamente sobre el preocupante avance de los desmontes ilegales en el norte de Argentina.
Según un reciente informe elaborado en base al monitoreo de imágenes satelitales, durante 2023 en el norte del país se perdieron 126.149 hectáreas de bosques nativos, un 6,2% más que en 2022, siendo Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta las provincias más afectadas.
“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Debemos avanzar en forma urgente en la prohibición y penalización de la deforestación“, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El agresivo desmonte que se registra en el país se traduce en un agravamiento de las consecuencias del cambio climático, que van desde más inundaciones y desertificación hasta extinción de especies, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y aparición de enfermedades.
El fenómeno no es nuevo: entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de la provincia de Formosa, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Sin embargo, Greenpeace advierte sobre el aumento de los desmontes durante el año pasado, sobre todo en forma ilegal. El ejemplo más evidente es el caso de Chaco, todos los desmontes realizados en 2023 fueron ilegales debido a que rige una suspensión establecida por la Justicia provincial desde 2020 por la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). En tanto, en Santiago del Estero el 80% de los desmontes fueron ilegales.
Si bien es alentador que desde 2014 se evidencie una disminución de la deforestación, cercana al 40% respecto del promedio de la década previa a la Ley de Bosques sancionada en 2007, aún más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.
La principal causa de la pérdida de bosques nativos es el avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería intensiva y soja transgénica que tiene a Asia y Europa como mayor destino.
No es el único impacto de esas prácticas, si se considera que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la deforestación representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina y contribuyen, así, a una crisis climática de consecuencias ya evidentes".
Creo que al leer los problemas del cambio climático que afectan a nuestro país y las perspectivas que se barajan, no puedo menos que preocuparme seriamente por la situación y ver de qué modo puedo aportar mi humilde cuota de ayuda.
El calentamiento global es un grave problema, cuyos primeros efectos ya estamos pudiendo apreciar en el mundo, y no vale la pena entrar en detalles.
Es difícil de entender cómo un país puede concentrarse “únicamente” en sus desafíos económicos a corto plazo, hipotecando su futuro a mediano y largo plazo, desafiando todas las advertencias internacionales que se estás lanzando.
En Trazando Surcos, hemos constituido en grupo de trabajo para analizar esta problemática y las acciones encaradas por organizaciones latinoamericanas que están igualmente expuestas, y la posible implementación de otras similares en nuestro país.
Ese será nuestro modesto granito de arena, e invitamos a quienes quieran sumarse a este proyecto.
Tony Salgado
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